PLAN DE INCLUCION UAESP CAPITULO III

  

PLAN DE INCLUCION

UAESP

CAPITULO III

3 CREACIÓN DE UNIDADES EMPRESARIALES CONFORMADAS POR

RECICLADORES DE OFICIO, QUE PUEDAN ASUMIR COMO

“ORGANIZACIONES AUTORIZADAS” LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

PÚBLICO DE ASEO EN LOS COMPONENTES DE RECICLAJE Y

APROVECHAMIENTO, MEDIANTE CONTRATOS SUSCRITOS CON EL DISTRITO

CAPITAL.

Este capítulo contiene la descripción de las metas y acciones propuestas para cumplir la orden número 111 del auto 275 de la H. Corte Constitucional que reza:

“111. Para efectos de lograr la regularización del servicio de aseo en los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento, el Distrito podrá hacer uso, entre otras, de la figura legal de

"organizaciones autorizadas" para la prestación de servicios públicos domiciliarios, consagradas por el Legislador en el artículo 15, numeral 4 de la Ley 142 de 1994, las cuales en términos de la sentencia C-741 de 2003, no sólo pueden prestar servicios a municipios menores, en zonas rurales y en zonas urbanas específicas, sino competir en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios en cualquier lugar del territorio nacional, aspecto al cual fue condicionada la exequibilidad de la citada norma.

Vale decir que estas organizaciones son diferentes a las asociaciones de primer y segundo nivel que operan para la representación de los recicladores, en la medida en que se les reconoce como prestadores autorizados por la Superintendencia de Servicios Públicos, para los cuales el Distrito en coordinación con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico deberá establecer parámetros para la prestación de los servicios de reciclaje, tratamiento, aprovechamiento e intermediación en el modelo de comercialización de los residuos, aspecto que se reflejará en el esquema de metas verificables en el corto plazo.”

El funcionamiento del modelo propuesto para la formalización de la población recicladora a partir del reconocimiento y remuneración de su trabajo, requiere necesariamente el desarrollo de un proceso de asociatividad tendiente a la conformación de Unidades Empresariales integradas exclusivamente por recicladores de oficio, debidamente censados y carnetizados que cumplan los requisitos y condiciones que se establezcan por vía regulatoria, para adquirir la calidad de "organizaciones autorizadas" para la prestación de servicios públicos domiciliarios, consagradas por el Legislador en el artículo 15, numeral 4 de la Ley 142 de 1994.

3.1 Modelo conceptual de la operación

El proceso organizativo empresarial de la población recicladora para la prestación del servicio público de aprovechamiento, es el eje estructurante del modelo, pues nos determina las etapas de alistamiento, preparación y puesta en marcha del sistema; por otro lado, se constituye en la acción afirmativa que busca generar procesos de igualdad material, reconociendo que la prestación del servicio público de aprovechamiento con herramientas empresariales, permitirá que la población recicladora supere definitivamente su condición de vulnerabilidad y crezca en la cadena de valor del aprovechamiento.

El proceso de consolidación organizativa y empresarial responde a estrategias de acompañamiento sobre el reconocimiento de las capacidades productivas que la población recicladora ya tiene.

Dado que el tipo o naturaleza jurídica de la Unidad Empresarial que se cree debe garantizar el reconocimiento del trabajo de los recicladores en condiciones de igualdad, es necesario determinar dicha naturaleza jurídica como requisito para suscribir contratos de prestación del servicio en áreas específicas del Distrito Capital, en cumplimiento del proceso de inclusión de la población recicladora.

Después de un análisis de las diferentes formas empresariales que la ley colombiana permite adoptar, la UAESP concluye que las organizaciones autorizadas que se creen en cumplimiento de las metas exigidas por la H. Corte Constitucional, deberán tener la naturaleza jurídica de entidadescooperativas primero o segundo nivel.

No obstante lo anterior, se analizará la posibilidad de admitir como ORAs, personas jurídicas de otra naturaleza, siempre que las normas vigentes para la mismas garanticen de manera adecuada que la retribución del trabajo de los recicladores se realice de manera equitativa, oportuna y de forma que su remuneración responda al reconocimiento efectivo del trabajo realizado y evite formas de intermediación o concentración del ingreso. En todo caso se atenderá a las precisas previsiones contenidas en esta materia en el auto 275 de la H. Corte Constitucional.

El propósito es que el universo de la población de recicladores de oficio de Bogotá objeto de las acciones afirmativas, pueda organizarse en un numero plural de entidades cooperativas cuyo tamaño y escala les permita cumplir eficientemente las labores de prestador de un servicio publico y soportar las cargas administrativas y financieras que dicha calidad impone.

A partir de los estudios de caracterización de la población recicladora de Bogotá se ha determinado que el número probable de entidades cooperativas necesarias para prestar el servicio en toda la ciudad es aproximadamente de 60 entidades con un numero promedio de 200 afiliados. En el proceso de promoción y acompañamiento necesario para la creación de tales entidades cooperativas, se buscará aprovechar al máximo la capacidad organizativa, experiencia empresarial y fortalezas de las organizaciones ya existentes, con los alcances y limitaciones que la H. Corte Constitucional expresó en el auto referido.

De igual manera será necesario realizar un esfuerzo coordinado e intenso para la promoción de asociaciones empresariales con el carácter ya enunciado que agrupen a los recicladores independientes.

Por esta razón el proceso aprovecha a las organizaciones existentes de recicladores para, previa verificación y caracterización de las mismas, iniciar el proceso de fortalecimiento empresarial que devendrá en la transformación en Organizaciones de Recicladores Autorizadas (ORA) para la prestación del servicio público de aprovechamiento, que realizarán la operación de centros de acopio, rutas de recolección selectiva, vehículos y toda la gestión del personal necesario.

Dados los perfiles de población recicladora independiente, el acompañamiento intensivo e integral llevará a la constitución de nuevas Organizaciones de Recicladores Autorizadas, en un tiempo más largo, pero definido en este proceso.

Para efectos de la definición del modelo, se estableció la situación de llegada, en la que el Sistema Público de Aprovechamiento ha vinculado a la población recicladora de la ciudad, y cuenta con el total de infraestructuras necesarias para su funcionamiento. Es fundamental para la UAESP fijar este modelo – meta, pues en términos de los subprocesos, estrategias, recursos, y acción interinstitucional, precisa definir compromisos desde ahora.

Pero ello supone también, la definición de tiempos prudentes, ciertos y ajustables para la consecución del mismo, partiendo de la realidad existentes del reciclaje popular y de la cadena productiva, e introduciendo cambios paulatinos y estructurales en la misma, hacia la dignificación del reciclaje.

Para la operación se estableció un modelo conceptual, que para efectos prácticos de modelación se soportó en las 6 áreas de servicio exclusivo del servicio de aseo en la ciudad, útiles aún bajo la lógica de asignación de rutas de recolección selectiva.

En ellas interactuarían en el escenario de llegada, un promedio de 60 unidades productivas, cuya configuración consistiría en: una organización empresarial con centro de acopio, vehículos y rutas de recolección selectiva concertadas y asignadas. Estas unidades harán parte de las organizaciones de recicladores autorizadas. Además de 6 parques de reciclaje y 6 empresas de servicio de soporte, mantenimiento y apoyo a conformadas por recicladores y otras de acuerdo a los requerimientos transversales de la operación y operarán de la siguiente manera: (ver gráfico 1)

Fuente: Unidad Administrativa  Especial de Servicios Públicos

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